Hacia una mayor competencia

Como parte del proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y ante la necesidad de mejorar la legislación de competencia en Costa Rica, en el 2019 el país aprobó la nueva Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, la cual, significa un avance muy importante en la materia: fortalece el marco jurídico e institucional otorgándole mayor independencia técnica, administrativa, presupuestaria y funcional a la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), reduce el número de sectores exceptuados de la ley, mejora el proceso de control de concentraciones y los procedimientos de investigación, fortalece el marco sancionatorio, incorpora los programas de clemencia y de cumplimiento voluntario y otorga facultades para realizar estudios de mercado. Sin embargo, además de la implementación efectiva de la ley, para mejorar la competencia en el país son necesarias medidas y acciones que trascienden el marco jurídico y se relacionan más con el actuar de las autoridades de competencia.

En este contexto, la Academia de Centroamérica publicó un estudio titulado “Promoción de la competencia en beneficio del consumidor: avances y retos en Costa Rica”, elaborado por los expertos Miguel Cantillo y Alan Thompson, y presentado el pasado 2 de julio, donde también participó como comentarista la comisionada de Coprocom, Viviana Blanco, y Pamela Sittenfeld como moderadora, ambas expertas en la materia.

El objetivo final del estudio es identificar los retos y oportunidades relacionados no solo con la legislación de competencia, sino también con una política de competencia en un sentido más amplio, de manera que se incluya en otras políticas públicas, en otros mercados y por parte del sector público y del sector privado.

En el evento, Miguel Cantillo analizó la situación de la competencia en Costa Rica desde una perspectiva económica y Alan Thompson se concentró en los temas legales e institucionales.

Cantillo señaló las condiciones y los beneficios de la competencia, los cuales, a pesar de ser evidentes y, en muchos casos, cuantificables, se han deteriorado. En el caso de Costa Rica, identifican una serie de productos de la canasta básica (con precios regulados y no regulados) con una participación relativa importante en el gasto de los hogares donde falta competencia.

Cantillo mostró cómo el grado de competencia y la regulación afectan los precios en el mercado eléctrico, el servicio de taxis, el sector de telecomunicaciones, el sistema financiero y en el mercado del arroz. En el sistema financiero destacan la fijación de topes a las tasas de interés de las tarjetas de crédito y a las comisiones de adquirencia impulsadas por la Asamblea Legislativa y en línea con la preocupación del Banco Central de Costa Rica por promover la competencia. En el caso del arroz, enfatiza en el impacto del precio sobre las personas de menores ingresos.

Por último, señaló el problema de incentivos generado por la regulación fijada con base en el costo, pues no crea los incentivos

Según un estudio de la OCDE, Costa Rica tiene altas barreras de entrada y una participación intensa del Estado, las cuales dificultan la creación y formalización de nuevas empresas en el país. Aunque se han dado pasos en la dirección correcta, todavía existen numerosos desafíos por delante. La política de competencia es una de las políticas públicas con mayor impacto transversal tanto por sus efectos sobre la productividad y el crecimiento económico, como sobre el bienestar de los consumidores.

necesarios para promover la eficiencia en la producción.

Alan Thompson analizó tres áreas prioritarias determinantes del entorno de competencia en el país: la legislación de competencia (o antimonopolio), la regulación directa y la política de competencia en el sentido amplio.

En la primera, mencionó las mejoras en la legislación y planteó los retos pendientes para las autoridades de competencia, entre ellos, consolidar la independencia de la Coprocom. En cuanto a la regulación directa, señaló que la gran cantidad de entidades con potestades regulatorias, el alto involucramiento del Estado, las altas cargas administrativas, las barreras de entradas (excepto al comercio y a la inversión) y la diversidad de productos con fijación de precios posicionan a Costa Rica con un ambiente poco favorable para la competencia.

Con respecto a la competencia en el sentido amplio, enfatizó que no es suficiente la labor exclusiva de las autoridades de competencia y mencionó debilidades del país en otros ámbitos: la mejora regulatoria, las regulaciones tarifarias, entre otras.

El estudio concluye con una serie de retos y ámbitos de acción del sector privado: necesidad de informarse y adoptar programas de cumplimiento voluntario y códigos de conducta, principalmente en organizaciones gremiales; impulsar, monitorear y promover la aplicación de la ley de competencia y el accionar de las autoridades de competencia, lo cual a su vez brinda mayor certeza jurídica a las empresas y promover la agenda de política de la competencia en el sentido amplio. Además, recomienda profundizar en las compras públicas y discutir la posible necesidad de establecer sanciones penales.

Viviana Blanco enfatizó en la necesidad de contar con presupuesto acorde con las nuevas facultades de la ley para contar con los recursos humanos y materiales para poder cumplir con las atribuciones de la ley de manera efectiva. Actualmente, la autoridad de competencia recibe menos de una tercera parte de lo establecido en la ley y cuenta con 19 funcionarios.

En línea con los compromisos de la OCDE, Coprocom está trabajando en varios reglamentos, guías, manuales y protocolos, entre ellos uno para aplicación de la política de clemencia y otro para el programa de cumplimiento voluntario.

El país ha dado pasos en la dirección correcta, pero persisten desafíos. Primero, es indispensable dotar a la autoridad de competencia del presupuesto establecido e implementar la ley de manera efectiva. Segundo, las diferentes normas o regulaciones implementadas con objetivos de política pública deben contemplar la consecución de los objetivos, pero sin restringir la competencia más allá de lo necesario. Tercero, el sector privado debe internalizar y promover la competencia y tomar acción en aquello que está en sus manos. Tenemos la oportunidad de seguir avanzando en línea con las mejores prácticas internacionales. Movernos hacia una mayor competencia contribuirá a crear una sociedad más próspera, justa y sostenible para todos.