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2022-05-14T07:00:00.0000000Z

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Grupo Nacion

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n 2017, el magnate tecnológico Bill Gates, propuso cobrar impuestos a los robots. Estos, argüía, tomarán cada vez más trabajos de las personas, por lo que sería justo extraer ingresos de su actividad y dedicarlos a apoyar a las personas desplazadas por la tecnología. La preocupación de Gates, importante de considerar en una economía de servicios como la nuestra, es antigua, fue compartida por los seguidores del ludismo, un movimiento que toma su nombre de Ned Ludd, un personaje inglés del siglo XVIII que incendiaba máquinas de tejer en oposición a la industrialización alegando defender a los artesanos. El influyente economista y exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos Larry Summers respondió a la idea de Gates con un artículo de agudo sarcasmo: por qué emprenderla solo contra los robots, y no contra los procesadores de texto, los cajeros automáticos, las máquinas de imprimir boletos, o las vacunas que, al prevenir enfermedades, destruyen trabajos de atención de la salud. Los robots y la automatización son herramientas del trabajo. Las innovaciones que resultan en formación de capital aportan al incremento en la productividad de los trabajadores. Al incorporar tecnología, aumenta la contribución de cada hora trabajada a los resultados de un negocio, se puede producir más con menos, lo que reduce el costo relativo del trabajo para las empresas. Estas pueden vender más e incrementar sus utilidades sin necesidad de subir los precios a los consumidores, reinvertir esas ganancias en nuevas soluciones para ser más eficientes y contratar más personal. La competencia de trabajadores más productivos en el mercado tiende a elevar sus ingresos, y el círculo virtuoso impulsa el crecimiento económico. Aunque existen costos sociales que atender inteligentemente en cada transición hacia una mayor automatización, cobrar impuestos a los robots es una política regresiva, contraria a los intereses de la mayoría. Gravar la adopción tecnológica, sería acentuadamente gravoso en aquellas economías que, como la nuestra, presentan una amplia brecha de productividad. El PIB por hora trabajada en Costa Rica es apenas el 44% del promedio de los países de OCDE y una hora trabajada en Irlanda produce 4,4 veces más que una hora aquí. Con nuestro crecimiento, tardaríamos cerca de 40 años en alcanzar el nivel de OCDE. Summers cuestionó en su artículo ¿por qué gravar de una forma que reduce el tamaño del pastel, en lugar de asegurar que el pastel esté bien distribuido? Tras el ejemplo del impuesto a los robots uno se pregunta: ¿Cuántas políticas públicas en Costa Rica terminan reduciendo el tamaño del pastel y reteniendo nuestra capacidad de crecer?

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