Ministerio advierte sobre rebaja inmediata del salario

El Ministerio de Educación Pública (MEP) recordó a docentes y demás funcionarios que consideren sumarse a la paralización convocada para el próximo miércoles, que la nueva legislación sobre huelgas lo faculta a rebajarles el salario de ese día.

El 3 de setiembre del 2019 se aprobó la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, la cual estableció que los patronos podrán suspender el pago de salarios desde el momento en que se inicie la protesta.

Steven González, viceministro administrativo del MEP, manifestó que el movimiento convocado por los sindicatos magisteriales para el miércoles 19 de mayo es “ilegal y contradictorio a los planteamientos en la Junta Paritaria, celebrada la semana pasada”.

Explicó que antes de esa reforma al Código de Trabajo, para dar seguridad jurídica a las huelgas, se obligaba a los patronos a pagar los salarios no trabajados mientras no se declarara la huelga ilegal, como ocurrió en el 2018 y en movimientos anteriores.

“La nueva legislación no solo autoriza, sino que obliga a las autoridades públicas (en este caso, del MEP) a deducir en forma inmediata (en la planilla siguiente) el salario correspondiente al tiempo no laborado por cada trabajador. Esto, sin necesidad de que exista una declaratoria de huelga ilegal.

”Con la entrada de la reforma, cualquier paralización de labores que no cumpla con lo dispuesto por las normas antes indicadas del Código de Trabajo, constituye huelga ilegal y las personas que incurran en ella, tendrán ausencia laboral y pérdida inmediata del salario por todo el periodo holgado”, dijo el funcionario.

Esta semana. Frente al anuncio de interrupción del ciclo lectivo a partir del 24 de mayo, el MEP recordó que durante la presente semana (del 17 al 21 de mayo) se mantiene el modelo de educación combinada, como lo han venido desarrollando en cada institución desde el inicio del curso lectivo.

González recordó que los padres de familia o encargados pueden denunciar ante la Dirección del centro educativo, la Supervisión de Circuito o la Dirección Regional de Educación, cuando la persona docente se niegue a brindar el servicio en las condiciones establecidas.