Aresep señala sobrecostos y desorden en obras de AyA

Alcantarillado y otros proyectos cuestan el doble por imprevisión

El intendente de Agua de la Aresep, Marco Vinicio Cordero, denunció irregularidades cometidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la construcción de obras para el suministro de agua potable y el alcantarillado público.

Cordero compareció ayer en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Los diputados de ese foro investigan la multa de $6,5 millones impuesta al AyA, luego de perder un arbitraje con una empresa contratada para el proyecto de alcantarillado sanitario de San José.

La disputa con la empresa española Acciona Agua S. A. se originó por la decisión del AyA, en el 2017, de suspender el contrato firmado con esta dos años antes.

A Acciona se le había encargado la instalación de una sección de tuberías de alcantarillado sanitario, como parte del megaproyecto para tratar las aguas residuales de 11 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) en la planta Los Tajos, en la Uruca.

El enfrentamiento le costó $6,5 millones a la empresa estatal, de los cuales están pendientes de pago cerca de $4,5 millones, por conclusión del Centro de Resolución de Conflictos (CRC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

(CFIA).

De acuerdo con el intendente, este tipo de situaciones ponen en peligro el futuro financiero del Instituto. Advirtió de que lo sucedido con la firma “no es un hecho aislado”, sino que se estarían repitiendo en múltiples obras que se están ejecutando o planificando en este momento.

Entre los proyectos que el intendente de agua expuso a los diputados, se encuentra uno en Alajuelita, San José, que incrementó su costo en cerca de $3 millones por falta de planificación institucional.

“Tenemos inversiones hoy, que se empezaron a gestionar en el 2012 y a la fecha no se han implementado. Por decir algo, un proyecto en Alajuelita que empezó con un costo $4 millones y hoy es de $7 millones, simplemente por ese retraso en las obras. Y así una serie de inversiones que tienen características similares”, aseguró.

Sobrecostos. En diciembre pasado, la Contraloría General de la República (CGR) había advertido de hechos similares en el Instituto. Un informe de auditoría reveló que tres obras para el tratamiento de aguas residuales de la GAM, ejecutadas por el AyA, terminaron costando casi el doble de lo planificado.

Según la auditoría, el Instituto presupuestó unos ¢4.500 millones de más. Casi una tercera parte de las justificaciones del aumento fueron “situaciones previsibles” que debieron considerarse desde su etapa de planeación.

En ese caso, el órgano contralor auditó las líneas 2, 4 y 5 del proyecto, ubicadas en Coronado, que tienen el propósito de captar aguas residuales para transportarlas hasta Los Tajos. Allí, después de cumplir el proceso de saneamiento, se vierten en la cuenca del río Grande de Tárcoles.

Cordero recalcó que ese tipo de problemas se repite en varios proyectos constructivos que ejecuta el AyA. Además, señaló que muchas obras tampoco contemplan el crecimiento de la demanda, lo que podría ocasionar que algunos proyectos sean insuficientes en un futuro no lejano.

“Hay grandes diferencias entre lo que plantean como proyectos de preinversión o factibilidad y lo que termina capitalizando la institución. Eso se debe a los grandes retrasos y a la lentitud con la que se trabaja a la hora de dar solución a las diferentes necesidades de sus servicios”, afirmó.

El intendente de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) subrayó que el desorden es tal, que se levantan proyectos constructivos en terrenos no aptos o incluso en propiedades privadas que ponen en peligro la inversión de los fondos públicos.

“El AyA está haciendo proyectos en terrenos privados, está invirtiendo recursos públicos en terrenos privados, que eventualmente, por ejemplo, si el pozo es rentable tendría que hacer el proceso de gestión y, si no es rentable, se perderían los recursos y queda el pozo en manos privadas.

”Evidentemente, hay un manejo de los recursos públicos que no es eficiente ni adecuado, aseveró.