Rebaja a marchamo se ‘comería’ el 13% de nuevos ingresos de agenda con FMI

››Efecto sería mayor si las iniciativas convenidas con el organismo internacional se atascan y no entran en vigencia en el 2022

La rebaja al marchamo que impulsa una mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa representaría la eventual reversión de 13% del ajuste fiscal que pretende el gobierno por medio de nuevos ingresos, con cinco proyectos incluidos en la agenda convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los cinco planes propuestos al organismo para generar ingresos frescos aumentarían la recaudación en un 1,12% del producto interno bruto (PIB), siempre y cuando se aprueben todos para su entrada en vigencia en el 2022. Sin embargo, el plan para reducir el marchamo bajaría la recaudación en al menos 0,15% de la producción (unos ¢60.000 millones).

El impacto potencial de la rebaja sobre las finanzas públicas sería incluso mayor si alguna o varias de las iniciativas de nuevos ingresos convenidas con el Fondo se quedan sin aprobar y entran en vigor a inicios del próximo año.

El proyecto de rebaja pretende reducir el impuesto a la propiedad de vehículos (principal componente del marchamo) para el próximo año. Ello se realizaría en distintas proporciones, según el valor y el tipo de automotor.

La rebaja sería de 50% para vehículos livianos con un valor fiscal menor a ¢7 millones, de 25% para aquellos de entre ¢7 millones y ¢10 millones, y de 15% para los vehículos valorados entre ¢10 millones y ¢15 millones. No se aplicarían disminuciones a partir de ese monto.

También se haría una rebaja general del 50% para vehículos de carga pesada, buses, maquinaria agrícola y de rent-a-car.

En el caso de las motocicletas con un valor inferior a ¢1 millón, se les exoneraría del pago del impuesto al valor agregado (IVA).

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró en entrevista con La Nación que una rebaja como la planteada es regresiva y recordó que la mayor parte de la población más pobre del país no posee vehículos.

Esto quiere decir, según indicó, que personas con mayor poder adquisitivo dejarán de pagar un impuesto con el cual se beneficia gente de menores recursos.

También dijo que una caída en los ingresos estatales como el que se estima con esta medida pone al país “en la cuerda floja” para su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entidad que revisará las condiciones fiscales de Costa Rica para decidir si mantiene en curso o no su programa de financiamiento.

Esta decisión repercutirá en la confianza de los mercados y, por ende, en indicadores como tasas de interés y tipo de cambio.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y firmante de la iniciativa,

Franggi Nicolás, consideró que el proyecto es “justo” para el usuario, más allá de cualquier impacto fiscal que pueda tener para el Estado.

Dijo que ese impacto se podría compensar con otros proyectos de ley que mejoren la recaudación tributaria, sin precisar si impulsará alguno en particular.

Escenarios. La rebaja que se impulsa tiene un efecto fiscal negativo del 0,15% del PIB para las arcas estatales. No obstante, estas son las estimaciones más optimistas, pues

Hacienda considera que podría subir hasta un 0,2% de la producción por eventuales aumentos en la venta de vehículos ante una mayor actividad económica.

Ese 0,15% del PIB representa un impacto igual o mayor que los aumentos en ingresos que ofrecerían tres de las cinco reformas incluidas en el ajuste fiscal convenido con el FMI.

El nuevo impuesto a los premios de lotería, la reforma integral al impuesto a las casas de lujo y la contribución de utilidades de las empresas públicas del Estado a la Hacienda Pública por cuatro años tendrían efectos muy parecidos, o inferiores.

Para esta comparación se utilizaron como referencia las últimas proyecciones dadas por el gobierno sobre los rendimientos de las iniciativas de la agenda con el FMI.

Estas todavía no contemplaban las reducciones en las expectativas de ingreso por algunas propuestas de cambio que realizó el Poder Ejecutivo, el 9 de setiembre pasado, para intentar viabilizar el trámite de los textos en el Congreso.

En el 2020. La reducción del marchamo ya se aprobó el año pasado y se aplicó en los pagos del derecho de circulación del 2021 casi en los mismos términos que ahora se plantean.

No obstante, en aquel entonces Hacienda manifestó que el impacto de la medida se podía compensar con recursos provenientes de una reforma de ley que, inicialmente, se impulsó para el pago de deuda pública a través de superávits institucionales. En este nuevo caso, no existe una compensación definida.

Según el Ministerio de Hacienda, la medida es totalmente regresiva porque beneficia sobre todo a sectores con mayores recursos. “Los hogares más ricos son los que más gastan en vehículos y concentran el pago del marchamo”, puntualizó el ministro Villegas en una carta enviada al Congreso, el 8 de setiembre anterior.

La afirmación de Hacienda se sustenta en datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH del 2018. Esta medición que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) determinó, con datos al 2018, que cerca del 90% de los gastos en automóviles del país los realizan hogares situados en los cuatro deciles de mayores recursos (un 70% de los dos más altos).

La distribución se reparte más en el caso de las motocicletas, pero su participación relativa en el impuesto a la propiedad de vehículos es menor.

La legisladora Nicolás consideró que la justicia de la medida reside en un aspecto diferente. Afirmó que el uso de los vehículos fue restringido a causa del estado de emergencia por la pandemia de covid-19 y que, por eso, no se debería cobrar el monto regular.

“Fue un año igual, lleno de restricciones y a mí me parece una grosería para el usuario pretender cobrarle el marchamo en condiciones iguales”, manifestó.

En el Congreso. El proyecto de ley avanza rápidamente en la Asamblea Legislativa. De hecho, el 9 de setiembre pasado se le aprobó una dispensa de trámites. Tal decisión fue respaldada por 32 congresistas; solo nueve votaron en contra: la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC).

En el momento de la votación, el diputado Pablo Abarca, jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), les bajó el tono a las advertencias de Hacienda.

“Que este Congreso no le pueda ayudar a la gente ni un poquito porque ahí hay un drama de que ya se va a arruinar el país, es una falacia, que solo se la creen en el PAC y que los diputados de oposición no podemos permitir”, afirmó.

Pese al avance del texto en el Congreso, el gobierno tiene la facultad de vetar la iniciativa. Empero, si lo hace, los diputados podrían hacer caso omiso y resellar el texto, siempre que lo avalen de nuevo con el voto de 38 legisladores.