Contraloría ordena el freno ‘inmediato’ de la Red Educativa del Bicentenario

›› MEP debe asumir funciones asignadas a la Fundación omar dengo

La Contraloría General de la República dio 24 horas a Guiselle Cruz, ministra de Educación, para ordenar a la Fundación Omar Dengo (FOD) suspender cualquier actuación para la ejecución de la Red Educativa del Bicentenario, que pretende conectar los centros educativos.

La medida, dada a conocer por el órgano contralor ayer jueves, se da por la supuesta “detección de incumplimientos legales y técnicos relacionados con el traslado de competencias esenciales de ese Ministerio” a la FOD. Así lo señaló al considerar que esta red “no es otra cosa” que una herramienta al servicio de la educación.

Por ese motivo, instruyó al MEP a asumir esas competencias esenciales y deberes públicos vinculados a la Red conforme el marco legal aplicable, para lo cual le da un plazo de cinco días.

“Es relevante indicar que la CGR es consciente de la necesidad de la implementación de proyectos en esta materia, especialmente en el contexto de pandemia; sin embargo debe hacerse dentro del marco legal y competencial correspondiente, y el MEP cuenta con la organización funcional para cumplir la orden de la CGR”, dijo ese órgano.

La Red Educativa del Bicentenario es un programa creado con el objetivo de conectar todas las escuelas y colegios públicos del país a una red de banda ancha de alta velocidad. Se pretende enlazar a los 4.659 centros educativos públicos y a las oficinas del MEP en una única red de una banda ancha, mediante fibra óptica, a una velocidad superior a 10 Mbps. Fue anunciado por el mandatario, Carlos Alvarado, el 3 de agosto del 2018.

Convenio con la FOD. Con ese fin, el MEP estableció un convenio de cooperación con la Fundación, para que fuera esa organización la responsable de diseñar la Red y contratar proveedores, según explicó el Ministerio en febrero del 2020. Fue entonces cuando se firmó el Anexo N.° 2 del convenio de cooperación entre el MEP y la FOD para la implementación de la segunda fase del proyecto que pretendía empezar con la conexión de los primeros 2.120 centros educativos.

A partir de esa firma, la Fundación comenzó a trabajar con recursos transferidos por el Ministerio de Educación.

Como parte de su trabajo, la Fundación abrió un concurso en busca del proveedor de Internet, los cuales a la fecha no han prosperado en la Contraloría. Hace una semana, precisamente, el órgano contralor declaró parcialmente con lugar recursos de apelación planteados contra la adjudicación a la empresa Unifet, mientras que en marzo había anulado la primera adjudicación que se dio en favor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Huawei.

Argumentos. En el oficio DFOE-CAP-0684, dirigido a la ministra Guiselle Cruz, la Contraloría argumenta que de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, N.° 3481, esa institución es la encargada de administrar todo lo concerniente a la educación y que le corresponde poner en ejecución los planes, programas y demás determinaciones que emanan del Consejo Superior de Educación.

Añade que el desarrollo de proyectos educativos vinculados a la informática y las telecomunicaciones es responsabilidad de la Dirección de Informática de Gestión del MEP.

Según la Contraloría, y basándose en criterios de la Procuraduría General de la República, las competencias de la Administración Pública constituyen un deber público, y como tal, deben ser ejecutadas directamente por la institución, por lo que no es posible su transferencia a sujetos de derecho privado (en este caso, a la FOD).

Asimismo, afirman que la Sala Constitucional ha indicado que el acceso a las tecnologías de la información y comunicación “...se convierte en un instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática (democracia electrónica) y el control ciudadano, la educación…”.

Considera la Contraloría que esta Dirección cuenta con el Departamento de Adquisición Tecnológica, responsable de la actualización del campo informático, especialmente en lo que respecta a los equipos de cómputo y comunicaciones (hardware, software, redes y telecomunicaciones). Así, debe participar en los procesos adquisitivos de obras, bienes y servicios relacionados con tecnología institucional.

Para el órgano contralor, la suscripción del Anexo 2 al Convenio Marco de Cooperación entre el MEP y la FOD establece que “la gestión del proyecto la realizará la FOD y, complementariamente, el MEP conformará un equipo interdisciplinario que dará seguimiento a las fases de definición del servicio, planificación y ejecución del proyecto.

”Se observa una nula participación del Ministerio en la planificación, dirección, control, coordinación, establecimiento de condiciones, indicadores de desempeño y demás aspectos de definición, conducción y ejecución del proyecto de la Red Educativa, toda vez que estas actividades y responsabilidades se transfieren a la Fundación como si fuere el propio MEP”, explica.

Insiste en que al haber asignado a la FOD responsabilidades que corresponden a sus unidades institucionales, se genera un “vaciamiento” de las competencias dadas por el legislador e incluso el constituyente a dicho Ministerio.

“Si bien es el MEP quien aporta los recursos públicos para el desarrollo del proyecto, no ha sido el actor que definió los elementos básicos de la conceptualización y desarrollo de la Red Educativa”, indica.

Para el órgano contralor, por las razones antes expuestas, todas las actuaciones realizadas por la FOD en el marco del desarrollo de la Red Educativa, carecen de sustento jurídico, por cuanto existe una imposibilidad legal del MEP para transferir las citadas competencias.

Aclara que esta decisión no excluye la posibilidad de que la Administración Pública recurra a la contratación y colaboración de sujetos privados “siempre y cuando se encuadre dentro de los mecanismos legales existentes al efecto y no suponga un descargo absoluto de competencias y deberes públicos en el tercero”.