Fuerte vínculo entre empresario investigado y municipalidades

Empresas ligadas a Daniel Cruz logran 74 contratos en 5 años

José Daniel Cruz Porras, el empresario ramonense de 52 años detenido por el caso Diamante, cultivó una estrecha relación personal y comercial con varios alcaldes y municipalidades del país, principalmente en los últimos cinco años.

Durante ese lustro, suscribió 74 contratos con ayuntamientos por un total de ¢1.852 millones, principalmente para la venta y reparación de maquinaria pesada de origen chino, aunque también para comercializar explosivos y ofrecer servicios de voladura y demolición de rocas.

Estas contrataciones las obtuvo a través de la empresa Explotec, la cual fue allanada el 15 de noviembre en la Operación Diamante, en la que las autoridades investigan presuntos actos de corrupción en la adjudicación de obras viales cantonales.

Al mismo tiempo, Daniel Cruz utilizó dos sociedades anónimas hermanas de Explotec para ganar contratos con municipalidades: MTS Multiservicios de Costa Rica y Gruatec de Centroamérica. Algunas contratos los ganaron aliándose en un consorcio.

Cruz figura como representante legal o miembro de la junta directiva de esas compañías, según pudo constatar La Nación en el Registro Nacional y en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Su vínculo con esas empresas también aparece mencionado en el expediente del caso Diamante, donde consta la transcripción de varias llamadas telefónicas entre Cruz y los alcaldes Johnny Araya Monge y Nixon Ureña Guillén, de San José y San Ramón, respectivamente.

Según la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el empresario tiene una estrecha relación con estos dos políticos del Partido Liberación Nacional (PLN).

Por ejemplo, en el caso de Araya, el OIJ registró 68 comunicaciones telefónicas del alcalde y el empresario entre el 1.° de enero y el 20 de abril pasado. En ese lapso de 109 días, se comunicaron, al menos, de día de por medio.

Además, los ayuntamientos de San José y San Ramón son los principales contratantes de las empresas de Cruz a nivel municipal.

Entre enero del 2017 y julio de este año, esas dos municipalidades le pagaron el 46,5% de los ¢1.852 millones adjudicados, de acuerdo con un análisis de este diario con datos del Sicop y de la Contraloría General de la República (CGR).

El gobierno local de San Ramón aparece en primer lugar, con un total de 29 contratos por ¢507,7 millones, mientras que San José es segundo, con ocho contratos por ¢353,4 millones.

Los 37 contratos restantes, por ¢990,9 millones, corresponden a otras 14 municipalidades, como Nandayure, Guácimo y Osa. El alcalde del último de esos tres municipios, el verdiblanco Alberto Cole, también figura, junto con Johnny Araya, entre los detenidos por el caso Diamante.

Casi la totalidad de las 74 contrataciones con ayuntamientos fueron adjudicadas mediante el mecanismo de contratación directa –en el cual no media un concurso–, o bien mediante licitaciones abreviadas.

Delitos imputados. En específico, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sospecha que Daniel Cruz habría entregado pagos irregulares o dádivas al alcalde josefino, Johnny Araya, para beneficiarse con las adjudicaciones de contratos en esa municipalidad.

Bajo esa hipótesis, la Fiscalía le solicitó al Juzgado Penal de Hacienda levantar el secreto bancario tanto a Cruz como a Araya, así como a las cuentas de MTS Multiservicios de Costa Rica, que es la sociedad anónima que más usó el empresario ramonense en sus vínculos comerciales con la Municipalidad de San José.

El Ministerio Público sustenta su denuncia en una serie de llamadas telefónicas intervenidas, en las que, según las transcripciones que aparecen en el expediente N.° 20-0096160042-PE, consta la estrecha relación entre Daniel Cruz; el alcalde Johnny Araya; la hija de este, Gabriela Araya Morera, y los hermanos del alcalde, Luis Carlos y Rolando Araya Monge (quien es candidato presidencial por el Partido Costa Rica Justa).

En la transcripción de esas conversaciones aparece que Cruz le prestó $15.000 a Rolando Araya; además, que le ofreció ¢1 millón a Johnny Araya durante la precampaña del PLN, y que se habría asociado con Johnny y Luis Carlos Araya Monge en una empresa de seguridad aeroportuaria denominada Air Cruises Services International (ACSI).

En las llamadas telefónicas intervenidas aparecen varias conversaciones en las que Johnny Araya y Daniel Cruz acuerdan que aportarían $90.000 –$45.000 cada uno– para adquirir el 50% de las acciones de esa compañía, la cual ya pertenecía a Luis Carlos Araya y a otra persona de nombre Juan Carlos.

También, se consigna que las acciones de Johnny Araya estarían a nombre de su hija, Gabriela Araya, quien se reunió con Daniel Cruz en el restaurante Furca, en Rohrmoser, para finiquitar las condiciones del acuerdo, a principios de mayo pasado.

Ante el Registro Nacional, ella aparece, desde julio, como vicepresidenta de ACSI; su tío, Luis Carlos Araya, está como tesorero, y el primo de Daniel Cruz, de apellidos Montero Cruz, como secretario.

Además, el expediente menciona que Johnny Araya intercedió ante el alcalde de Tegucipalga y actual candidato presidencial en Honduras, Nasry Asfura, para que el Ministerio de Defensa de ese país aprobara un permiso en favor del empresario ramonense y su empresa Explotec.

De igual forma, Rolando Araya, hermano del alcalde de San José, es socio de Daniel Cruz Porras en una empresa que intenta venderle un lote a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sobre la tesis de la Fiscalía, Juan Marcos Rivero, abogado de Cruz, aseguró que no existieron pagos irregulares, que en el expediente tampoco hay ninguna prueba al respecto y que todo se basa en “conversaciones entre ciertas personas, que son de carácter nebuloso”.

“No encontramos realmente que lo que imputa el Ministerio Público se haya dado ni por asomo (...). Nosotros consideramos que no hay ni siquiera una relación causal. Aquí, el punto central que debe estarse investigando, por un lado, es si, efectivamente, se dio una dádiva y, segundo, si esa dádiva tuvo alguna relación causal con el otorgamiento de una licitación; ninguna de las dos cosas se da.

“Ni la tal dádiva existe ni tampoco hay un favorecimiento de alguna de las empresas que están relacionadas, según el Ministerio Público, con los hechos”, afirmó Rivero.

El jurista manifestó que no hay nada malo en que Johnny fuera socio de Cruz Porras, pero que a él eso tampoco le consta, al leer el expediente.

“(...) La pregunta es una y muy simple: ¿hay algo que impida que una persona tenga una empresa privada a pesar de que sea un funcionario público? Yo estoy totalmente claro en esto, lo que no podría hacer es que esa empresa participe en licitaciones relacionadas con la Administración Pública, sobre todo, en aquella que usted ejerce, pero si eso no se da, estamos en otro escenario totalmente distinto”.

Mientras, el abogado de Johnny Araya, Federico Campos, negó que el alcalde capitalino haya recibido dádiva alguna y que tenga participación en la compañía ACSI.

“Se niega rotundamente la recepción de dádiva alguna para favorecer a Explotec o a Daniel Cruz con licitaciones municipales. Don Johnny (Araya) no ha recibido ningún dinero para ninguna campaña suya de parte del señor Cruz. Y en relación con la hija de don Johnny Araya, ella es socia directa de ACSI y nunca ha adquirido acciones de esa sociedad en nombre de don Johnny Araya”, manifestó Campos.

COLABORÓ vAnESSA LoAiZA n.