Sala IV avala proyecto para legalizar producción de cannabis medicinal

La Sala IV resolvió este martes que el proyecto de ley para legalizar la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial no contiene ningún vicio de inconstitucionalidad, ni de forma ni de trámite, por lo que dio luz verde a que continúe su avance en la Asamblea Legislativa.

La decisión de los magistrados se dio por una decisión unánime y generó que los liberacionistas Karine Niño y Roberto Thompson, el frenteamplista José María Villalta, la independiente Zoila Volio y el socialcristiano Erwen Masís exigieran, desde el plenario, que el Poder Ejecutivo convoque la iniciativa para las sesiones extraordinarias del Congreso.

Ante la resolución, el Poder Ejecutivo incluyó de forma inmediata esta iniciativa en la agenda del Congreso.

“Instamos a la Asamblea Legislativa a continuar con la aprobación del proyecto de empleo público, así como con otras iniciativas que son fundamentales para el país, tanto en materia de reactivación económica como de consolidación de la ruta fiscal, las cuales se encuentran en el plenario legislativo”, manifestó Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia.

A las 5:33 p. m., la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, confirmó la llegada de la convocatoria del expediente 21.388, sobre cannabis medicinal.

Contenido de propuesta. El plan se centra en autorizar la producción de las plantas de cannabis, tanto las que tienen alto contenido de tetrahidrocannabinol (THC), para uso medicinal y terapéutico, como las que tienen bajo THC, como el cáñamo, de múltiples usos industriales.

Para la producción de cannabis y cáñamo, los productores deberán registrarse ante el

Estado y brindar información a las autoridades sobre sus actividades lucrativas.

La regulación del mercado del cáñamo estará a cargo del Ministerio de Agricultura, mientras que Salud se encargará del cannabis para uso medicinal y terapéutico.

Salud, Agricultura y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tendrán potestades de inspección y fiscalización periódicas sobre los productores y desarrolladores de derivados del cannabis y el cáñamo.

El proyecto plantea la autorización de los productores para vender materia prima de cannabis medicinal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a laboratorios autorizados para el desarrollo de los medicamentos necesarios.

El Poder Ejecutivo tendrá la potestad para regular y limitar el número de licencias que podrán otorgarse para el cultivo y producción de las plantas; además, le corresponderá establecer limitaciones temporales y definir las áreas totales de siembra y los sectores del territorio nacional donde se permiten estas actividades.

Las personas físicas y jurídicas que soliciten una licencia para producir estos cultivos deberán estar inscritos ante la CCSS y tener una póliza de riesgos.

Además, se deberá brindar una descripción detallada del proyecto productivo que se pretende desarrollar y sus fuentes de financiamiento.