Fiscalía pidió cerrar causa sobre montaje con vallas para cobrar deuda política

››Juzgado acogió la solicitud y ordenó la desestimación el pasado 20 de abril

El Ministerio Público cerró la investigación sobre las dos vallas publicitarias que al parecer nunca existieron y que el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) le cobró al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la campaña electoral del 2018.

El dinero fue pagado con la deuda política.

Ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, la Fiscalía solicitó la desestimación de la causa 21000105-1218-PE, sobre posible estafa al Estado, bajo el argumento de que no se hallaron pruebas suficientes para acreditar que se cometió un delito.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó que tramitó el cierre del expediente el 30 de marzo pasado y que dicho juzgado acogió la petición y ordenó la desestimación el 20 de abril.

De esa forma, el Ministerio Público dio por concluido el caso sin presentar ninguna acusación, luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunció haber sido “engañado” por el PRSC.

El TSE concluyó que el partido logró que se le reembolsaran, con fondos públicos, ¢3,2 millones por un gasto que nunca existió.

Así lo denunció desde mayo del 2021, luego de constatar que, en el 2018, el Republicano gestionó el reembolso de dicho monto por la producción y colocación de dos publitapias, una en Betania, en Montes de Oca, y otra en Coronado. Las vallas, supuestamente, incluían una fotografía de Rodolfo Hernández, quien entonces era el candidato del PRSC, junto con una frase.

Sin embargo, el Tribunal constató que tales vallas nunca existieron.

Las imágenes que el Republicano presentó como prueba del servicio, al parecer, se generaron por computadora con un programa de edición. El montaje se elaboró a partir de fotos de dos publitapias reales, que estaban vacías frente a vías públicas.

Consultados por La Nación, vecinos y el dueño del terreno donde está una de las vallas, confirmaron que, en las estructuras señaladas por el PRSC, nunca hubo tal propaganda. Según el TSE, con las imágenes generadas digitalmente y una factura, el Republicano logró que se le reconociera un gasto de ¢3,2 millones, que la Tesorería Nacional le depositó directamente al empresario Carlos Alberto Solís Zamora.

Todos estos elementos se mencionan en el informe IDI-DFPP-001-2021 que el TSE remitió a la Fapta el 21 de mayo del 2021. La investigación judicial del caso se realizó en el expediente 21-000105-1218-PE, por el aparente delito de estafa.

No obstante, 10 meses después, el Ministerio Público decidió cerrar el caso “por insuficiencia probatoria”, sin aportar mayores detalles.

‘Desperdicio de recursos’. Javier Gamboa, secretario general del Partido Republicano, dijo que recibió con complacencia el cierre de la causa. Según su criterio, la denuncia de una supuesta anomalía, desde el inicio, careció de fundamento y fue malintencionada. Aseguró que las dos vallas sí se colocaron, pero fueron vandalizadas al poco tiempo.

Gamboa criticó, además, que el TSE y el Ministerio Público dedicaran recursos a investigar el caso, pues considera que los esfuerzos deberían concentrarse en situaciones de mayor cuantía.

“Llama la atención ese desperdicio de recursos, cuando hay hechos mucho más graves en denuncias de partidos políticos, pero esa persecución que se desató contra el Republicano por dos vallas... Veamos cuantía y veamos otras cosas; en realidad, es inexplicable”, afirmó Gamboa.

En julio del 2021, consultado sobre el proceso judicial, Carlos Alberto Solís aseguró a este medio que las vallas de Montes de Oca y Coronado sí se colocaron, pero fueron vandalizadas. Añadió, además, que el PRSC y el Estado le quedaron debiendo unos ¢26 millones por sus servicios.

La explicación sobre la supuesta destrucción de las vallas también se la dio al TSE, el cual rechazó tal argumento, pues, supuestamente, el proveedor no presentó pruebas que respaldaran su versión, ni entregó fotografías reales que probaran la colocación de la propaganda. Por el contrario, el órgano electoral sí consiguió declaraciones de vecinos de ambos lugares, quienes descartaron la comisión de actos vandálicos.