Transparencia en la Caja

Álvaro Ramos Chaves, nuevo presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), garantiza la rápida investigación de denuncias de corrupción dentro de los límites de un debido proceso ejecutado sin demoras capaces de generar una “percepción de impunidad”.

Lo sucedido en la CCSS durante los últimos años va más allá de las percepciones. Aparte del encubrimiento esperado de los involucrados, hay en la entidad una cultura de autoprotección conducente a la opacidad y capaz de aceptar la impunidad como precio no deseado de la preservación de la imagen institucional.

Los partícipes de esa cultura no pretenden el encubrimiento, sino la protección de esa imagen. En ocasiones, consiguen involuntariamente lo primero sin lograr el verdadero objetivo. Ramos celebra la intervención del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) porque “estaba mostrando algunas falencias en la rigurosidad y oportunidad de la gestión” de los casos, “que son básicamente situaciones de corrupción”.

Nos unimos a la celebración, pero, más allá de revisar el desempeño del CIPA, la institución se beneficiaría de la adopción de prácticas conducentes a la transparencia en todos los niveles, comenzando por la Junta Directiva. El jerarca asumió el compromiso de investigar personalmente, cuando corresponda, y no tolerar la prolongación excesiva de las indagaciones. Tan importante como eso es dejar a otros investigar, particularmente, a la prensa. El presidente ejecutivo seguramente sabe que los principales casos de anomalías en los últimos años salieron a la luz gracias al periodismo, incluso a contracorriente de informes de auditoría absolutorios, corregidos después de publicaciones de este diario.

En la Superintendencia de Pensiones (Supén), dice Ramos, vivió la falta de oportunidad de los procedimientos administrativos gestionados por la Caja. “Ya lo viví del otro lado. Desde adentro, me interesa mucho”, añadió. Esa experiencia la comparte su antecesor en el cargo, Edgar Robles, quien llegó al punto de denunciar ante la Asamblea Legislativa el “maquillaje” de cifras en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

La compartimos también los periodistas. Extraer la información pública relevante no siempre ha sido fácil y, a lo largo del camino, los ataques del aparato de prensa de la institución no fueron pocos, aunque los hechos no tardaron en desmentirlos. Una primera definición en procura de la transparencia es decidir si los departamentos encargados de la información existen para que fluya o para ejercer la “defensa” de la institución con apego a la cultura imperante hasta ahora.

El nuevo presidente ejecutivo también muestra claridad sobre la importancia de homogeneizar los procesos de compra mediante la plena adopción del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). La Caja ha sido una de las instituciones más resistentes al cambio y tiene años de postergarlo, aunque la vulnerabilidad de sus sistemas de proveeduría está bien demostrada.

También es fundamental exigir transparencia a los encargados de generar datos para apoyar la toma de decisiones. La transformación del centro de llamadas a partir de un cálculo basado en salarios de $83 mensuales es tan inaceptable como la “institucionalización” de Equipos Básicos de Atención en Salud (Ebáis) sin consideración de los verdaderos costos. Ninguna de las medidas anunciadas por Ramos para frenar la corrupción sobra, pero ninguna basta en ausencia de procedimientos transparentes.

La institución se beneficiaría de la adopción de prácticas conducentes a la transparencia en todos los niveles, comenzando por la Junta Directiva

Ninguna de las medidas anunciadas por el nuevo presidente ejecutivo para frenar la corrupción sobra, pero ninguna basta en ausencia de procedimientos transparentes