Contratación de revisión vehicular debe basarse en estudios, repite CGR

› Nombre de empresa seleccionada se dará a conocer la próxima semana

La Contraloría General de la República previno nuevamente al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, de que el proceso para contratar una empresa que asuma la revisión técnica deberá sustentarse en estudios técnicos y legales que garanticen decisiones ajustadas a derecho.

El criterio fue emitido en respuesta a una denuncia planteada por la legisladora liberacionista Carolina Delgado, quien pidió al órgano contralor referirse a la legalidad de la figura de permisionario de uso en precario para ofrecer dicho servicio.

Sobre el pedido, la CGR indicó que, por tratarse de un acto “unilateral del Estado”, es ajeno a la materia de contratación administrativa, que es sobre la cual tiene competencia para resolver recursos, por lo que cualquier cuestionamiento debería ser discutido en los tribunales contencioso-administrativos.

No obstante, la Contraloría aprovechó para recordarle al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que debe existir un expediente donde estén incluidos los estudios técnicos y jurídicos que le den respaldo al mecanismo utilizado para reanudar el servicio.

Asimismo, le señala su deber de atender los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (PGR), según los cuales todo el proceso debió estar a cargo del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), que es el órgano con las competencias legales para todo lo relacionado con revisión técnica. Por lo tanto, debió ser ese Consejo el que llevara adelante la contratación de una empresa.

El pasado 9 de agosto, el entonces representante del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) en la Junta Directiva del Cosevi, Olman Vargas, denunció que el ministro Amador pidió ante ese órgano aprobar sus decisiones sobre el nuevo servicio de revisión técnica sin explicar el sustento técnico usado.

La falta de información motivó la renuncia de Vargas, pues aseguró que no se pueden tomar acuerdos sin los análisis técnicos y legales.

El ministro Amador, por su parte, aseguró semanas atrás que dicha situación sería solventada al pedir a los directivos del Cosevi que le dieran a

“ESTAMOS HABLANDO DE UN SERVICIO PÚBLICO, ES ALGO QUE ES IMPORTANTE PARA EL PAÍS, ESTAMOS HABLANDO DEL TEMA DE SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN. LA INCORPORACIÓN DE LA REVISIÓN TÉCNICA HA VENIDO MEJORANDO LAS CONDICIONES DE LOS VEHÍCULOS Y LA SEGURIDAD DE TODOS LOS COSTARRICENSES (...). MI PREOCUPACIÓN ES PODER REINSTALAR EL SERVICIO Y DARLE SEGURIDAD EN EL TIEMPO, PERO ESO SIGNIFICA HACER EL PROCESO BIEN Y DE MANERA LEGALMENTE CORRECTA”.

Carolina Delgado

Diputada

él la potestad para hacer selección de la firma, en su doble función de jerarca del MOPT y presidente de la Junta de ese órgano desconcentrado.

La diputada liberacionista Carolina Delgado dijo a La Nación que desde su despacho también se enviaron las advertencias al ministro y darán un tiempo prudencial para verificar si el proceso se ajusta la legalidad y si no, acudiría al Tribunal Contencioso. Para ella, que sea el Cosevi el que seleccione la empresa no significa que todo se haya hecho apegado a la ley, pues en la normativa se indica que ese órgano debía encargarse de todo el proceso desde el inicio y ni siquiera se cita en el pliego de condiciones publicado por el MOPT.

Otros riesgos. Otro de los eventuales escollos radica en que la Ley de Tránsito indica que ese servicio de inspección vehicular debe otorgarse mediante autorizaciones y no mediante un permisionario.

En relación con esa figura, la Procuraduría indicó en un criterio emitido el 14 de julio que “estos permisos son admisibles siempre que el uso que se le dé al bien sea compatible con su integridad y con el fin público al cual se encuentra afecto y destinado.

”Lo relacionado a si puede servir como instrumento para contratar a una empresa que preste el servicio público de inspección vehicular en sustitución de la concesión, es un aspecto que le corresponde dilucidar también a la Contraloría General de la República debido a su competencia exclusiva y excluyente en materia de contratación administrativa”, expresó.

No obstante, la Contraloría desistió de resolver sobre la validez de esa figura, aunque sí indicó que es indispensable que dicho acto administrativo cumpla con todos los elementos que el ordenamiento jurídico dispone en cuanto al motivo, contenido y fin.

Otro hecho que también podría complicar este proceso es la acción de inconstitucionalidad en estudio por parte de la Sala IV que cuestiona, precisamente, las autorizaciones establecidas en la Ley de Tránsito.

Anuncio. Con este panorama, estaba previsto que esta semana se conociera el nuevo operador del servicio; no obstante, el despacho del jerarca indicó este jueves ante la consulta de La Nación, que será hasta la siguiente.

Según informó, están a la espera de la presentación de prevenciones que se solicitaron a los representantes de las empresas interesadas. El plazo para que cumplan ese requisito vence hoy. En total, hay 11 empresas interesadas. ▪