Entre críticas y vítores, régimen de excepción de Bukele llega a 6 meses

› Expertos destacan los daños colaterales causados a los DD. HH.

SAN SALVADOR. LA PRENSA GRÁFICA / GDA. Ayer se cumplieron seis meses desde que el gobierno de El Salvador implementó el régimen de excepción y aunque la medida tiene amplia aprobación popular debido a la reducción en las cifras de homicidios, los expertos destacan los daños colaterales que también causaron a los derechos humanos.

Según Cristosal, hasta la fecha se contabilizan 80 personas fallecidas dentro de las cárceles nacionales durante el régimen de excepción. Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la organización, dijo que estas muertes se pueden considerar “ilícitas y arbitrarias” porque “son personas que estaban en custodia del Estado y algunas de estas muertes sucedieron con sospechas de tortura”.

A las muertes se suma la carencia de información, denunciada por los familiares de las víctimas. Ellos argumentan que hay evidencia de que, dentro de las cárceles, la situación está “en muy malas condiciones, ya que varios de los decesos han sido a causa de las malas condiciones del lugar”.

Esto evidencia un “desmejoramiento de la situación carcelaria”, indicó Ábrego. Sobre esta misma problemática, opinó Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Él calificó la situación como “la peor consecuencia del régimen de excepción”, pues el Estado es el máximo responsable y, bajo su responsabilidad, muchas personas han fallecido, además de que “hasta la fecha, todas las muertes están en la más absoluta impunidad”.

Otro factor que identifica Fino son las denuncias por la privación de libertad de personas inocentes y su revictimización.

Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), dijo que otro problema dentro de las denuncias que reciben sobre violaciones de derechos humanos es el abuso contra las mujeres, donde hay un “abuso de autoridad y violencia estructural”. Según ella, sucede en menor porcentaje, pero no se aborda bien.

Además, dijo que es lamentable que no se busque una solución para los afectados. “En estos momentos, no se está hablando de reparar integralmente, de buscar soluciones, sino de continuar con estas prácticas que en el pasado no han funcionado y en el presente están teniendo más afectaciones a los familiares y privados de libertad”, aseguró.

También abogó por el mal trabajo del Órgano Judicial, donde los jueces no están estableciendo medidas sustitutivas cuando la situación del privado de libertad es delicada y no puede apelar por su grave situación médica, ni tampoco están realizando audiencias especiales.

Otra institución que está siendo denunciada por su trabajo “deficiente” es la Sala de lo Constitucional, que hasta agosto recibió 1.825 habeas corpus y solo ha resuelto 18 a favor de las víctimas.

Aprobación.

Henri Fino dijo que es claro que hay muchos ciudadanos que ven con buenos ojos el régimen, ya que perciben “una disminución de la inseguridad en el territorio” y que hay personas que aseguran que ya no ven pandilleros. Sin embargo, varios delitos siguen ocurriendo, como la extorsión y las violaciones a mujeres.

Fino también identificó que hay personas que han visto cambios en las comunidades, pero estos no serán permanentes, y que “el régimen de excepción, si bien ha generado la sensación de seguridad, no ha resuelto ni resolverá el problema de la delincuencia”.