Cinco desafíos para el Poder Judicial y su presidente

La Corte Suprema de Justicia eligió a quien será su presidente durante los próximos cuatro años, luego de un largo y desgastante proceso nunca antes visto. Haberlo concluido posibilita que la agenda de la Corte se concentre en la gestión de una compleja coyuntura. En esta se experimenta pérdida de credibilidad, tardanza en los procesos judiciales, declinante presupuesto y concentración de funciones administrativas en la Corte Plena, poco eficaz por lo demás, en un contexto de mayor tensión con otros poderes. Estos factores son parte de los problemas documentados por sucesivas ediciones del Informe estado de la Justicia.

Formalmente, la presidencia solamente tiene una función de coordinación entre iguales, en relación con las demás magistraturas que le acompañan en el pleno. Sin embargo, en la práctica cotidiana, el liderazgo que se ejerce en ese puesto tiene una influencia directa en las acciones que se toman, en especial, en cuanto al papel del Poder Judicial como garante de los derechos de las personas y como contrapeso y guardián de la legalidad y el Estado de derecho.

Ante este nuevo ciclo que se inaugura para el Poder Judicial, cabe sistematizar algunas de las recomendaciones contenidas en la edición 2022 del informe antes citado para mejorar ciertas áreas cruciales de este Poder.

Estas sugerencias podrían ser base para una innovación institucional y toman como punto de partida los hallazgos de investigación y las ideas de cerca de 65 especialistas, consultores y personal del Poder Judicial, participantes en tres talleres propositivos.

Cada uno de los cinco capítulos del Estado de la Justicia 2022 tiene un compendio específico de recomendaciones. Vistos en su conjunto, constituyen un mapa de ruta para innovaciones legales y prácticas, que son amplias.

No es fácil resumir las propuestas tema por tema. Sin embargo, para contribuir a la agenda de prioridades de la presidencia de la Corte, estas propuestas específicas pueden agruparse en cinco grandes metas de mejora, todas factibles de alcanzar a corto plazo y viables a la luz de los recursos disponibles.

Propuesta 1. Agenda de mejoras normativas. Actualizar las leyes que rigen el funcionamiento del Poder Judicial resulta indispensable para mejorar procesos en prácticamente todas las áreas judiciales, incluidas reformas de códigos anticuados y procedimientos administrativos para la más eficaz ejecución de los recursos. El reformismo es una característica histórica y esencial del Judicial que ha posibilitado su modernización.

Ciertamente se ha dirigido de manera “cortecéntrica” (desde y por la Corte Plena), desligada de la participación y las consultas con el personal técnico del conglomerado institucional, como lo subrayan sucesivas ediciones de los Informes estado de la Justicia.

Ello ha provocado que muchas veces las reformas aprobadas tengan limitaciones materiales para cumplir con sus objetivos, una situación que no puede repetirse, dada la apremiante situación actual. Se requiere plantear una agenda estratégica propositiva, que integre cambios legales pendientes y priorice, agrupe y promueva debates informados dentro del Poder Judicial y con otros actores de la sociedad, así como hacer un monitoreo de su aprobación en el Congreso.

Sin una agenda propositiva propia, la posición reactiva deja vulnerable al Poder Judicial a las voluntades —y muchas ocurrencias— de los diputados y las diputadas.

Propuesta 2. Justicia electrónica y ciencia de datos. Durante la pandemia se masificó el acceso virtual a la justicia en tiempo récord. Sin embargo, para maximizar la inversión en tecnologías y los avances, se requieren normas estandarizadas, que las reglas de la virtualidad y la cantidad de recursos sean similares en las distintas oficinas y materias, y, para ello, se plantea la elaboración de una política de justicia electrónica.

Esta debe incorporar, por un lado, marcadores de desempeño, que permitan asegurar el acceso a la justicia a toda la población, incluso la que presenta rezagos en cuanto a capacidades digitales.

Por otro lado, debe contar con un componente de ciencia de datos e inteligencia artificial, que tienen un gran potencial para procesar enormes cantidades de información rápidamente y contribuir así a la simplificación y celeridad de los procesos, bajo el estricto cumplimiento de garantías procesales.

Propuesta 3. Información y

monitoreo. Desde el primer Informe estado de la Justicia, una de las principales recomendaciones ha sido contar con datos pertinentes para la toma de decisiones y para conocer el tipo de respuesta que se brinda a cada población, especialmente, las más vulnerables.

Por tanto, es necesario actualizar, completar y mejorar el Observatorio Judicial, de manera que se logre asegurar herramientas con capacidad de hacer comparaciones, cruces con el tipo de personas involucradas y evolución por años, en tiempo real, incluido el empate con las series estadísticas históricas que antes se publicaban y que no se incorporaron en el Observatorio.

Un paso inicial debería ser la contratación externa de una auditoría de datos y desarrollar experiencias de usuario para evaluar el Observatorio. De nuevo, para este pendiente, sería muy útil la inteligencia artificial y la aplicación de la política de justicia electrónica.

Propuesta 4. Transparencia, participación y rendición de

cuentas. Como parte de sus políticas de justicia abierta y participación ciudadana, en las que el Judicial costarricense ha sido pionero a escala mundial, es necesario que se lleven estos principios a prácticas concretas y eficaces de retroalimentación con la población usuaria.

Las políticas deben traducirse en materiales y herramientas de valor agregado para la ciudadanía y el personal de la institución. Algunos silos de opacidad atentan contra principios constitucionales, como las votaciones secretas o la carencia de actas en comisiones clave.

Rendir cuentas implica una estrategia con alto compromiso de la Corte, evaluación de impactos, responsabilidad por las omisiones y, sobre todo, canales de doble vía con escucha activa en todos los niveles, es decir, la comunicación multinivel continua, según la jerga especializada.

No se trata de proponer la refundación del Judicial, aunque el ‘Informe estado de la Justicia’ señala cambios estructurales

Propuesta 5. Recursos humanos e independencia. Tanto la Ley de Carrera Judicial en 1990 como otros procesos de reclutamiento, selección, evaluación de desempeño, disciplina y capacitación, demandan actualización urgente, de conformidad con los más modernos enfoques de gestión del talento humano y las condiciones demográficas y de empleo público vigentes.

El capital más importante de la institución es el humano, su calidad y la independencia con la que trabajan son asuntos que debieran ser priorizados en la agenda estratégica del Poder Judicial.

Las cinco prioridades mencionadas están acotadas a un marco de recursos y viabilidad política limitado como el actual, que pueden operar un cambio rápido, viable y sustantivo en la respuesta que da a la ciudadanía, de tal forma que no se trató de proponer la refundación del Poder Judicial, aunque no significa que el Informe estado de la Justicia no señala también cambios más estructurales, como el gobierno judicial o el nombramiento de las magistraturas.

El descontento ciudadano en curso, las presiones por los recursos y políticas que enfrenta el Poder Judicial y las tensiones internas, entre otros factores, configuran un escenario multiriesgo para la institución.

Por ello se requiere un tipo de liderazgo que mejore la legitimidad y posición del Poder Judicial, ahora que los focos de atención se dirigen cada vez más hacia la Corte Suprema, por su concentración de poderes, y las expectativas en su nuevo presidente.