Aval para accesos a las rutas nacionales tarda hasta 3 años

››Procesos suman 340 días en revisión; obras se hacen ilegalmente

www.nacion.com Irene Vizcaíno,

ivizcaino@nacion.com

Los trámites para conseguir permisos de acceso a rutas nacionales pueden tardar hasta tres años en la Comisión de Carreteras de Acceso Restringido del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Así lo señala un informe elaborado por la Auditoría de esa cartera, que analizó los procesos pendientes de aprobación en los últimos años.

Las autorizaciones son solicitadas por desarrolladores de grandes proyectos, como centros comerciales o industrias, que se instalan cerca de las principales carreteras y requieren utilizarlas para ingresar y salir.

Uno de los principales hallazgos del análisis fue que todos las gestiones analizadas presentan atrasos; de estos, el 51% tiene más de 3 años en trámite.

El documento cita que el 46% de las solicitudes están sin aprobación por gestiones pendientes dentro de la Comisión, con un registro máximo de 340 días en proceso, mientras que un 34% de las gestiones se encuentran en unidades externas.

Una de las principales causas de esta deficiencia es que los decretos emitidos para la creación de esta comisión no establecen plazos específicos para los informes técnicos por parte de los integrantes y los revisores externos.

Además, también se evidenció que a pesar de que en el 2021 se realizó el cierre de algunos trámites porque el desarrollador no continuó con el proceso, en un 29% de los casos pasaron más de seis meses desde la última gestión y a pesar de eso no se llevó a cabo el cierre.

“Del análisis realizado se encontró que, tanto los miembros de la Comisión como los entes externos participantes, incumplen los plazos establecidos. Además, no se evidencia una adecuada administración y supervisión sobre los miembros revisores, así como el cumplimiento de los cierres o archivo de trámites que presenten inacción por parte del desarrollador”, cita el informe trasladado al jerarca del MOPT, Luis Amador, el pasado 21 de noviembre.

Accesos ilegales. Como un efecto de estos retrasos, la Auditoría señaló la existencia de una gran cantidad de accesos que se construyeron sin contar con los permisos requeridos, lo cual además conlleva un riesgo para los usuarios de las carreteras.

El mismo informe señala que en respuesta al borrador de la Auditoría, el pasado 9 de noviembre, la Administración indicó que actualmente se encuentra en elaboración una modificación reglamentaria, para que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, trámite solicitudes para construcción de accesos restringidos. Sin embargo, advierten que esa afirmación no está documentada.

El análisis realizado también determinó que de 41 trámites registrados, el 44% se encuentran construidos y en funcionamiento de manera irregular.

Como causas de esta deficiencia, la Auditoría citó la incapacidad de la Comisión para atender oportunamente los trámites y la fiscalización de las rutas, además la descoordinación entre las partes involucradas en el proceso de inspección y cierre de accesos irregulares.

Otro de los hallazgos es que en el 2015 se hizo una contratación de ¢40 millones para el desarrollo de un sistema informático específico para la Comisión, pero este programa nunca se utilizó.

La Comisión de carreteras alegó que el sistema no fue de utilidad porque no se adecuaba a varios cambios que se aplicaron vía decreto a sus funciones.

Sin embargo, de acuerdo con la Auditoría, el sistema ya estaba en desuso desde antes de que entraran en vigencia esos cambios y añade que, de junio de 2019 a noviembre de 2021, no se evidencian acciones por parte de la CCAR, en torno a la adaptación, modificación y utilización del sistema.

En junio de este año, el ministro de Obras Públicas, Luis Amador, intervino la comisión y removió a los miembros que representaban al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), por considerar que su participación en este foro no tenía sentido. En su lugar, incluyó a funcionarios de la Dirección de Puentes y de la Secretaría de Planificación del Ministerio.

Amador aseguró que la intención de “llevarse” la Comisión a la rectoría del MOPT, se sustentó en la necesidad de tener mayor control en la parte de ingeniería de tránsito por el impacto que tienen estos desarrollos en los accesos de los vehículos. Además, dijo, era necesario tener expertos en puentes porque en muchas de las construcciones es necesaria la edificación de pasos elevados.

La atención sobre esta comisión surgió luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, comentara el caso de una empresa que llevaba 24 meses esperando por el permiso para habilitar el acceso hacia la Interamericana Norte.