Fiebre de reformas electorales contraviene criterios del TSE

Diputados impulsan al menos ocho proyectos

Si en los últimos comicios se hubiesen aplicado algunas reformas electorales que actualmente se impulsan en el Congreso, diputados como Fabricio Alvarado o Eliécer Feinzaig no habrían llegado a la Asamblea, pues la doble postulación no estaría permitida.

Además, José María Figueres, excandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), habría sido presidente porque la barrera para ganar en primera ronda sería del 20% en vez del 40% de los votos (el verdiblanco obtuvo el 27%).

Además, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) habría tenido que realizar un nuevo conteo de votos para diputados en Guanacaste a solicitud del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el cual perdió una curul porque Progreso Social Democrático (PPSD) lo desplazó al superar el subcociente por dos votos.

En siete meses de trabajo, los congresistas han planteado al menos ocho reformas con el propósito de cambiar las reglas electorales.

No obstante, la mayoría de estos ajustes son “cosméticos”, en criterio del experto en Ciencias Políticas, Ronald Alfaro. Además, muchas chocan con el criterio del TSE, el cual advirtió hasta de inconstitucionalidades en las propuestas.

Alfaro calificó como una “mala señal” que el Congreso no haya conformado una misma comisión legislativa responsable de discutir y articular las reformas electorales necesarias, sino que los planes se asignan a diferentes comisiones como las de Asuntos Jurídicos o de la Mujer.

Agregó que muchas de estas reformas no trascenderán y otras, más bien, pueden representar un retroceso peligroso, en momentos que el país “no puede darse ese lujo”.

Mayor exigencia. En setiembre pasado, el diputado Carlos Felipe García, del PUSC, propuso una reforma al Código Electoral para aumentar la exigencia de firmas para inscribir un partido político, de manera que la cuota de firmas esté determinada por un porcentaje de la población en vez de un valor absoluto.

Hoy, la legislación pide al menos 500 personas para inscribir un partido cantonal; 1.000 para uno provincial y 3.000 para uno nacional.

La propuesta consiste en exigir a los partidos cantonales entre el 2% y el 5% del padrón cantonal, según el porcentaje de población de cada municipio dentro del total del país.

En el caso de los partidos nacionales el número sería el 0,5% de los electores del país, lo que hoy exigiría 17.500 apoyos, pues el padrón nacional es de 3,5 millones de ciudadanos.

Por su parte, para los partidos provinciales se requeriría del 1% de los electores de la provincia.

El TSE avaló fijar un 0,5% para inscribir un partido nacional, pero advirtió de una inconstitucionalidad en el caso de lo planteado para partidos cantonales y provinciales.

Ello se debe a que, como está redactado el proyecto, se requerirían más firmas para algunos partidos cantonales que para provinciales.

Por ejemplo, para inscribir un partido en el cantón Central de San José se requeriría de 10.579 firmas, más que para cualquier otro partido provincial, con excepción de los josefinos. En San José, se exigiría el 4,5% del padrón porque este municipio tiene al 7% de la población del país.

En cambio, para registrar una agrupación provincial de Alajuela, solo se exigirían 6.849 adhesiones (1% del padrón).

Prohibición inconstitucional.

Prohibir la doble postulación es otro tema recurrente en el Congreso. Esto implicaría que un candidato presidencial no pueda postularse al mismo tiempo para diputado.

Existen varias propuestas sobre este asunto. No obstante, el actual diputado de Gobierno, Manuel Morales, presentó su propia iniciativa.

Al respecto, el TSE concluyó que el planteamiento es inconstitucional porque los diputados no pueden imponer más restricciones, que las establecidas en la Constitución Política, al derecho de las personas a postularse.

Reconteo de votos. Otra de las reformas la propuso el diputado Carlos Felipe García, del PUSC, para que el TSE esté obligado a recontar los votos cuando existan diferencias de 1.000 votos o menos entre las papeletas para diputado de un partido y otro.

El pasado 26 de setiembre, los magistrados electorales objetaron el proyecto de ley al señalar que el TSE ya efectúa un escrutinio definitivo de los votos, aparte del provisional que se hace en las juntas, método que no existe en otros países.

Además, señaló que el proyecto obligaría a hacer recuentos de votos en las elecciones de alcaldes si las diferencias entre un candidato y otro son de 500 votos, lo que obligaría a hacer recuentos siempre en las elecciones de San Mateo, por ejemplo, donde solo votaron 3.185 personas en los últimos comicios y el ganador sacó una ventaja de 340 sufragios al segundo lugar.

El TSE también rechazó que el proyecto parta de la premisa de que “diferentes agrupaciones políticas se han visto perjudicadas en distintos periodos electorales”, al señalar que diferentes informes han concluido que los conteos en Costa Rica “son confiables y reflejan fielmente la voluntad popular”.

Elección con menor porcentaje.

En agosto, diputados del PLN, PUSC y Nueva República presentaron una reforma constitucional para reducir al 20% el porcentaje para ganar una elección presidencial en primera ronda.

La propuesta recibió críticas de inmediato y algunos diputados retiraron su firma del proyecto, el cual no ha sido consultado al TSE ni se ha movido en comisión legislativa.

Elecciones unidas. Otro proyecto que tampoco cuenta con el respaldo del TSE, lo plantearon Carolina Delgado y Alejandro Pacheco, del PLN y del PUSC, para unificar de nuevo las elecciones municipales con las nacionales a partir del 2030, lo que otorgaría un periodo de seis años a las autoridades municipales que resulten ganadoras en el 2024.

Según el TSE, ese plan implica un retroceso porque pone al elector en una situación compleja de decisión (al tener tantas papeletas por elección), además de que representa inequidad en el financiamiento y mayor complejidad en el escrutinio.

Segunda ronda adelantada.

Una de las propuestas que revivió en esta legislatura es la de adelantar la segunda ronda electoral que actualmente se efectúa dos meses después de la primera.

En setiembre pasado, los diputados recibieron el criterio negativo del Tribunal de Elecciones.

Para el TSE, es “imposible” reducir el tiempo entre rondas a un mes, pues el proceso de escrutinio y plazos para resolver reclamos conllevan más tiempo. Por tratarse de una reforma constitucional, este trámite es más complejo y requiere el apoyo de al menos 38 votos para aprobarse.

Financiamiento de partidos.

El politólogo Ronald Alfaro consideró que los congresistas están dejando por fuera reformas importantes sobre el financiamiento electoral, así como el fortalecimiento de los partidos, el mecanismo de elección de diputados y la cantidad de representaciones en la Asamblea Legislativa.

En este ámbito, existen dos iniciativas que tienen que ver con el financiamiento. La primera fue presentada por el Frente Amplio (FA) para reducir la contribución estatal a las elecciones nacionales 2026 y las elecciones municipales del 2028.

Este tipo de reformas se han impulsado en las últimas elecciones y suelen avanzar con éxito, como ocurrió en los últimos comicios que la “deuda política” se redujo del 0,19% al 0,085%, lo que permite un ahorro de unos ¢36.000 millones.

La segunda propuesta aborda el adelanto de la contribución estatal a los partidos políticos que participan en las elecciones municipales, beneficio que solo obtienen en las elecciones nacionales.

Organismos como el Programa del Estado de la Nación (PEN) han señalado la necesidad de implementar esta reforma, a modo de evitar financiamientos espurios para esos comicios, así como para emparejar el terreno entre las distintas candidaturas.

Incluso, la misma presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, ha expresado la necesidad de habilitar esa posibilidad. También ha abogado por una reforma para que los partidos políticos accedan a un adelanto de hasta 50% de la contribución estatal.