Fiscal general cuestiona insinuaciones a Poder Judicial

Afirmaciones de Rodrigo Chaves y ministro ‘transgreden la institucionalidad’

“Ese tipo de insinuaciones transgreden la institucionalidad”. Con esa frase, el nuevo fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, respondió a cuestionamientos del Poder Ejecutivo hacia el trabajo y decisiones del Poder Judicial con respecto a sospechosos de delitos.

Esas críticas, agregó Díaz, no van a debilitar la imagen del Poder Judicial ni del Ministerio Público, que opera como órgano acusador del Estado y que él dirige desde el 31 de octubre. “Nosotros nos abocamos, sin ningún tipo de presión, a desarrollar nuestra función y conocemos bastante bien lo que tenemos que hacer”.

Lejos de ver los cuestionamientos del Ejecutivo como una pelea desigual, afirma que ni siquiera es una pelea, pues se trata de manifestaciones que puede hacer cualquier ciudadano. Añadió que en la Fiscalía son respetuosos y que serán actuaciones objetivas e independientes de la Fiscalía las que sirvan como carta de presentación.

Díaz, en su primera entrevista con La Nación, aludió de esa forma a lo dicho por el ministro de Seguridad, Jorge Torres, en una publicación en Twitter, el sábado 14 de enero: “La Fuerza Pública hace su trabajo, duro, esforzado y permanente. Pero no estamos logrando resultados en muchas ocasiones por tanto beneficio que se otorga desde el Poder Judicial a delincuentes que cometen hechos de gravedad”.

A ello, el mandatario, Rodrigo Chaves, también en Twitter, dijo seguidamente: “No podemos seguir así. La Policía capturándolos y el Poder Judicial liberándoles de manera inmediata. Hay una crisis que no viene de falta de trabajo del Ministerio de Seguridad. Viene de que hay una puerta rotatoria en las cortes, pareciera”.

Críticas. Diez días después, Chaves enfiló cuestionamientos hacia la Fiscalía por haber pedido desestimar el denominado por Hacienda como “megacaso” de evasión fiscal que le atribuyen al banquero Leonel Baruch, dueño de CRHoy.

“Nosotros no vamos ya a confiar únicamente en la Fiscalía para estos casos”. Por eso, pidió que la Procuraduría General de la República, un órgano adscrito al Poder Ejecutivo, “actúe como acusador”.

El gobernante mencionó un conflicto de intereses entre la fiscala que analizó ese caso, Criss González, y el empresario investigado. Ese mismo día, la procuradora adjunta, Magda Rojas, sostuvo que la Procuraduría carece de medios legales para acusar y que no puede ser instrumentalizada.

Al preguntarle al fiscal general si tales cuestionamientos de figuras políticas pueden debilitar la imagen del Ministerio Público, sostuvo que de ninguna manera. Agregó que “definitivamente, ese tipo de insinuaciones transgreden la institucionalidad”.

Dejó claro que el monopolio de la acción penal lo tiene la Fiscalía. Solamente en ciertos casos, el artículo 16 del Código Procesal Penal (Ley N.° 7594) establece la participación de la Procuraduría General de la República, la cual decide por criterio propio y no del Poder Ejecutivo, si se presenta como querellante o no.

Entre los casos específicos donde la Procuraduría puede tener acción están los actos ilícitos tributarios. Esa entidad tiene acceso al expediente, pero la Fiscalía trabaja de forma independiente, de modo que no se comparte la estrategia de la investigación, que está protegida por secreto sumarial, y tampoco se le avisa a la Procuraduría sobre eventuales allanamientos o detenciones de los que solo se enteran al final.

Respetuosos. De igual forma, al cuestionarle al fiscal general si considera como una presión el hecho de que mandatario y ministro usen redes sociales para lanzar cuestionamientos, consideró que no lo interpreta de esa manera.

Aclaró que no ha recibido ni está dispuesto a tolerar ninguna presión indebida. Ratificó que la función que les corresponde por ley está siendo bien desarrollada, con personal y equipos de trabajo motivados.

En torno a la liberación de personas sospechosas de homicidios y otros delitos graves, expresó que a la Fiscalía le corresponde solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva, el uso de tobilleras u otras, pero son los jueces los que deciden si las acogen o no.

“Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. Yo no critico nunca las actuaciones de los jueces, lo que hago es usar los recursos legales al alcance en torno a dichas resoluciones.

”Así lo hemos hecho cuando no estamos de acuerdo con una actuación judicial específica”, aseveró.

La legislación les permite presentar recursos de revocatoria, apelaciones o casaciones en casos de diferir y de esos recursos echan mano para hacer respetar la ley.

Admite que ciertas resoluciones producen frustración en los cuerpos policiales y que eso es entendible, pues en ocasiones son trabajos que les han consumido mucho tiempo, que se hacen con objetivos muy específicos, a veces en lugares donde hay gran violencia.

En cuanto a la crítica que hizo el ministro Torres por el hecho de que un juez dejó en libertad, pero con tobillera, a un hombre detenido por homicidio en las cercanías del Estadio Antonio Escarré, en San José, la Fiscalía aclaró que esa decisión se basó en un video captado por una cámara de seguridad que hace presumir que actuó en defensa propia.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó este jueves ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que el sospechoso de haber asesinado a otro hombre con un arma blanca el pasado 12 de enero, en las inmediaciones del Estadio Antonio Escarré, en barrio San Cayetano de San José, quedó libre por haberse tratado de una aparente legítima defensa.

Video revelador. Tal como lo planteó el Ministerio Público ante el Juzgado Penal de San José, el fiscal reiteró que un video captado por una cámara de seguridad del centro deportivo demostró que el homicidio pudo derivarse de una legítima defensa.

Por dicha razón fue que se decidió ubicar al imputado en el programa de monitoreo electrónico y no en prisión preventiva.

Esta decisión causó ácidas críticas del viceministro de Seguridad, Daniel Calderón, y del ministro del ramo, Jorge Luis Torres, quienes cuestionaron que la Policía Administrativa detuviera al homicida y luego, casi de inmediato, el Poder Judicial lo liberara.

Al sospechoso, de apellidos Bilmore Rialto, se le colocó una tobillera electrónica con permiso de movilidad del 100%, por lo que puede andar libremente por el territorio nacional mientras avanza la investigación del crimen y su respectivo proceso penal.

El fallecido fue identificado como Óscar Alberto Leitón Zamora, de 47 años. Él murió durante su traslado al centro médico.

Díaz fue convocado este jueves a la Asamblea Legislativa para que se refiriera a la legislación y aplicación de la etapa de ejecución penal y de los beneficios penitenciarios vigentes, así como a la coordinación interinstitucional en estos temas y posibles planteamientos para mejorar el sistema. Sin embargo, gran parte de la conversación se centró en el homicidio del 12 de enero.

Deber de objetividad. El fiscal contó que analizó y estudió este caso con detalle, y recordó que los fiscales tienen un deber de objetividad regulado por el artículo 63 del Código Procesal Penal, que significa que deben recabar las pruebas que permitan incriminar a una persona, así como también las pruebas que permitan –de alguna manera– “favorecer a las personas imputadas o sospechosas”.

“Con este caso en específico, yo hice un análisis del expediente y consta incluso un video que prácticamente graba toda la dinámica de los hechos y es a raíz de este análisis, que fue el mismo que también hizo el fiscal que solicitó las medidas distintas a la prisión preventiva, que se consideró, a grandes rasgos, que podíamos estar en presencia de una legítima defensa y, a grandes rasgos, ese es el motivo por el cual no se solicitó en ese caso una prisión preventiva”, declaró Díaz.

Los hechos. De acuerdo con el relato del fiscal general de la República, en el video se muestra que Leitón (fallecido) llegó a la casa donde habitaba Bilmore (sospechoso) y se mantuvo allí discutiendo con alguna persona que estaba dentro de la vivienda, por más de cinco minutos.

Destacó que aunque la toma del video es lejana y no posee audio, se logró percibir que discutían.

Mientras Leitón seguía increpando a la persona que estaba dentro de la casa, Bilmore salió de esta, pero en las imágenes no se puede determinar si portaba o no algún tipo de arma. Lo que sí se pudo confirmar es que Leitón tomó un balde blanco y lo utilizó para acometer contra Bilmore Rialto.

A pesar de esto, el ahora sospechoso ingresó nuevamente a su vivienda y minutos después volvió a salir, momento en que Leitón tomó un objeto contundente, que en el video parece ser una piedra de gran tamaño, y la lanzó contra Bilmore. Luego de esto, comenzó un forcejeo entre ambos en el centro de la vía pública.

“Posteriormente, ya no se puede ver más, porque ellos se desplazan a un lugar donde hay un árbol que tapa la visibilidad, pero hay testigos que refieren que hubo una especie de riña entre ellos y que, aparentemente, sí hubo un uso de arma blanca en legítima defensa por parte del sospechoso.

”Ante esas circunstancias es que el fiscal que tramitó la causa inicialmente y que la presentó ante el juzgado penal. Consideró que no era necesario en ese caso en específico solicitar la prisión preventiva, porque todavía teníamos que investigar”, concluyó Díaz, al confirmar que los testigos son policías.

Desde la curul. El legislador Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), reclamó que el Ministerio Público haya tomado esa decisión y le consultó a Díaz si estuvo de acuerdo con esto.

“Viendo los hechos de lo sucedido, podemos decir que esta situación también lleva a tomar un poco más de conciencia y a ser más estrictos.

”Pienso que, ante el riesgo inminente de asesinos que estén en la calle con estas medidas cautelares, debe existir la prisión, definitivamente.

“Sé que existe toda esa explicación que usted nos ha dado y que le agradezco, pero considero que también tenemos que tener un principio fundamental de sentido común ante estas situaciones y, perdón que lo diga así, porque si es un asesino, el asesino, bien que mal, en cualquier momento hace de las suyas nuevamente y, si tiene enemigos, con mayor razón”, dijo Jiménez.

Ley sin excepciones. Ante esto, el fiscal general respondió al legislador que el Poder Judicial se debe atener a lo que diga la ley, sin excepciones.

“Nosotros, por parte del Ministerio Público, siempre tenemos la consigna de la protección de derechos de los ciudadanos, de eso no nos vamos a apartar.

”También tenemos, por imperativo de ley, que vigilar el cumplimiento de la ley y la Constitución, y esta nos dice que tenemos que actuar con objetividad, y si en un caso y, en este caso en específico, la persona por lo menos consideramos, de acuerdo a los testigos que son mismos miembros de la Fuerza Pública, está actuando en legítima defensa, no podemos llevar esto a circunstancias mayores”, concluyó el fiscal Díaz.