Obligaciones del MEP frente al ‘bullying’

La ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, despertó polémica con sus declaraciones sobre las agresiones sufridas en el sistema educativo y fuera de él por niños y adolescentes a manos de sus compañeros. “Un niño, una niña, un joven con buena autoestima no se deja afectar por el bullying”, dijo la ministra, como si la responsabilidad por la prevalencia de esas conductas descansara en hombros de las víctimas y sus hogares.

Como es evidente, ni las víctimas ni sus padres tienen injerencia sobre la formación del agresor y la mayor autoestima no sirve para evitar un puñetazo. Como el bullying a menudo se ejecuta en cuadrilla y con la constancia facilitada por el contacto cotidiano entre víctima y victimarios, para vencerlo haría falta un grado heroico de autoestima, aunque el abuso no incluya violencia física.

En cualquier caso, a ningún niño debe exigírsele la autoafirmación constante frente a conductas indebidas cuya erradicación debe ser prioridad del sistema educativo, tanto como contribuir a edificar la autoestima en un ambiente adecuado, sin factores distorsionantes como el bullying. En los últimos años, el Ministerio de Educación emprendió varias iniciativas con ese objetivo, pero el éxito ha sido limitado. Esa es razón de más para no desplazar la responsabilidad hacia las familias y niños victimizados y redoblar esfuerzos en el sistema educativo.

Además de un imperativo moral, los esfuerzos contra el bullying cumplen el mandato del artículo 2 de la Ley Fundamental de Educación. Entre los fines del sistema, el inciso b exige contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana, el c ordena formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad y el d pide estimular el desarrollo de la solidaridad y la comprensión humanas.

Los tres incisos hablan de la asistencia requerida por víctimas y victimarios del bullying, porque estos últimos requieren de especial atención. También son niños y jóvenes, casi siempre próximos a ejemplos de violencia en el hogar o la comunidad. Es en ellos donde se manifiesta con mayor claridad la necesidad de “estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas”.

En cuanto a las víctimas, no hay manera de “contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad” mientras conserven esa condición. Para cumplir el objetivo de la ley, es preciso liberarlas del acoso y de paso enseñarles, tanto como a los acosadores, el valor de la institucionalidad para resolver conflictos, amparar al agredido y hacer justicia.

“Uno de los efectos emocionales que produce el acoso escolar es, precisamente, un déficit en la autoestima, autoconcepto e inseguridad de la víctima, de manera que la evidencia científica apunta justo en contra de la opinión de la jerarca de Educación. Es menos probable que una persona que sufra acoso tenga la autoestima suficientemente alta como para ser inmune o a las circunstancias que deriven del mismo (sic)”, señalan especialistas de la Facultad de Ciencias Sociales y del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (UNA) en una airada reacción a las desafortunadas declaraciones de la ministra.

El camino es largo. Costa Rica, tan orgullosa de su cultura de paz, es el segundo país de Latinoamérica con más casos de bullying según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), citados por los especialistas de la UNA. Cuando menos el 11 % de los niños y las niñas en edad escolar dicen ser víctimas de agresión. Es un porcentaje altísimo y en la práctica el problema podría ser mayor. Es urgente enfrentarlo con decisión y claridad conceptual.

A ningún niño debe exigírsele la autoafirmación constante frente a conductas indebidas cuya erradicación debe ser prioridad del sistema educativo

Costa Rica, tan orgullosa de su cultura de paz, es el segundo país de Latinoamérica con más casos de acoso escolar según datos de la OCDE