¿Otra estructura educativa?

Jorge Woodbridge, en el artículo “Cambiar el modelo educativo”, publicado el 14 de marzo, propuso, como parte de la solución a la crisis educativa, una estructura de concesión a entidades privadas.

Woodbridge plantea que sean las cooperativas, fundaciones y asociaciones, conformadas por educadores, dirigentes comunales y representantes de los padres de familia, los que, según determinadas métricas, se hagan cargo de la responsabilidad de la selección de libros, métodos, exámenes, gestión, control y un sinnúmero de funciones.

Estas nuevas figuras realizarían algunas funciones muy similares a las que en la actualidad desempeñan las juntas de educación, por lo que, al final, podrían tener las mismas carencias, entre estas incapacidad administrativa, pues se les asignaría, además, responsabilidades que le competen al Ministerio de Educación (MEP).

Entregar la educación a cooperativas, asociaciones y fundaciones implica una atomización de organizaciones con diferentes formas de operación, con un costo significativo para su conformación, capacitación y medición de resultados, entre otros.

Veo poco viable que la Contraloría General de la República tenga la capacidad para fiscalizar más de 5.000 centros educativos concesionados.

Para ello, tendría que contratar personal, con el consecuente encarecimiento de un proceso que el MEP efectúa con las limitaciones conocidas.

No debe excluirse al ente rector educativo y sus diferentes áreas operativas de la definición de métodos, planificación de infraestructura y manejo presupuestario para asignarlo a microentidades, como ocurre con las juntas de educación.

Como plan remedial, sugiero que el MEP fortalezca las direcciones regionales para que estas planifiquen y ejecuten las gestiones administrativas, operativas, académicas y curriculares, del mismo modo que hacen los demás ministerios y entidades gubernamentales. Esto podría llevarse a cabo con apoyo de las juntas de educación en el caso de los centros educativos muy pequeños o distantes, cuyo costo operativo es elevado, o en forma directa cuando los recursos y la dimensión así lo requieran.

No se trata de engrandecer el aparato estatal ni volverlo más oneroso, sino de que cumpla sus funciones en un marco de regionalización y descentralización, que es parte de lo que se requiere de un ente como el MEP.

Adicionalmente, debe garantizarse que las métricas se cumplan de acuerdo con la nueva ley de empleo público, que evalúa la gestión de los funcionarios. No obstante lo anterior, sería fundamental conocer con más claridad cómo el MEP pretende, mediante la Ruta de la Educación, lograr el ansiado fortalecimiento institucional a fin de alcanzar los objetivos de eficiencia y eficacia en aspectos medulares como la formación de los educadores, cobertura, equidad, calidad educativa y gestión innovadora, entre otros aspectos.

Un modelo educativo moderno no debe engrandecer el aparato estatal ni encarecerlo