Chaves presentará ‘si es necesario’ proyecto de ley para Ciudad Gobierno

El presidente Rodrigo Chaves afirmó ayer que, “si es necesario”, presentará un proyecto de ley para construir Ciudad Gobierno luego de que la Contraloría General de la República (CGR) ratificara que es ilegal el mecanismo que el Poder Ejecutivo intentó utilizar.

La contralora general, Marta Acosta, rechazó el martes un recurso de apelación presentado por los ministros de Planificación, Laura Fernández, y de Hacienda, Nogui Acosta, en contra de un primer criterio de la CGR que objetó la vía escogida.

Acosta explicó nuevamente que la figura seleccionada, “de arrendamiento de inmuebles por construir”, no está contemplada en la Ley General de Contratación Pública.

“Si es necesario, vamos a presentar un proyecto de ley, donde la Contraloría les va a pasar a ustedes (diputados) la responsabilidad de decidir si esta alcahuetería de ¢27.000 millones al año (por concepto de alquileres) que le sacan de su bolsillo debe continuar”, afirmó el mandatario este miércoles.

El órgano contralor alertó en setiembre de la ilegalidad de realizar el proyecto sin concurso público mediante un trámite expedito bajo la ejecución y el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con un crédito de $450 millones.

Según la CGR, el gobierno debe sacar a concurso una contratación pública para escoger el mejor oferente y utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Adicionalmente, la contralora advirtió, desde agosto, de que Ciudad Gobierno debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa debido a que conlleva endeudamiento internacional.

“La adquisición de cualquier bien inmueble a plazos, mediante pagos para cubrir el valor razonable del activo, se constituye en un arrendamiento financiero y, por tanto, en deuda pública, debiendo cumplir con las autorizaciones y aprobaciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente”, dijo.

Durante la conferencia de prensa de ayer, Chaves criticó a la CGR y dijo que los diputados deberían formar una comisión para indagar por qué el órgano contralor no aprueba su iniciativa.