Tráficos laboran entre malos olores y techos caídos

Órdenes sanitarias y fallos de Sala iv pesan sobre algunos recintos

Auditoría halló hasta respiradero de tanque séptico en una oficina

Condiciones deplorables aquejan a por lo menos nueve delegaciones regionales de la Policía de Tránsito; sobre algunas pesan órdenes sanitarias del Ministerio de Salud e incluso sentencias de la Sala Constitucional que no han sido cumplidas a plenitud.

Malos olores, paredes y techos que se caen, cables expuestos y extintores vencidos son algunas de las observaciones hechas por la Auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en nueve oficios de advertencia girados a jefes regionales y a los jerarcas de la entidad.

Se trata de las delegaciones de Río Claro, Palmar Norte, Pérez Zeledón, Jacó, Orotina, Puntarenas, San Ramón, Esparza y Sarchí. No obstante, según el secretario de la Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines (Unaotraa), Joselito Ureña, otras se encuentran en peor estado, pero posiblemente aún no han sido inspeccionadas.

Los oficios de advertencia, girados entre julio y noviembre de este año, señalan riesgos de operación en la mayoría de casos; es decir, el cierre de instalaciones, lo que afectaría el servicio que se brinda. Asimismo, señalan multas por incumplimientos de leyes como la 7.600 (condiciones para personas con discapacidad), además de riesgos para la salud de funcionarios por deterioros en la infraestructura y malas condiciones de higiene y ambientales a las que están expuestos.

Este medio solicitó el lunes anterior, en horas de la tarde, conversar con el director de Tránsito, Osvaldo Miranda, para conocer las acciones que tomarán a fin de atender las advertencias de la Auditoría, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

Suma de males. Uno de las situaciones más graves ocurre en la sede de Orotina, donde, según la Auditoría del MOPT, los funcionarios informaron de que la ventilación del tanque séptico está dentro de una oficina donde trabajan oficiales, quienes deben permanecer a puerta cerrada debido al aire acondicionado.

“Se exponen a sufrir dolor abdominal, náuseas y dificultad para respirar debido al contacto con los gases (dióxido de carbono o amonio), el cual se expulsa por la tubería de ventilación”, describe el documento DAGAdv-2023-0953.

Al igual que en otras sedes, que también funcionan como depósitos de vehículos, la auditoría llama la atención por el riesgo de generar criaderos de dengue, serpientes o roedores que podrían afectar a funcionarios y a usuarios.

En la delegación de Pérez Zeledón, el informe de advertencia DAG-Adv.-2023-1722, girado el 17 de noviembre anterior, señala que esta sede no cuenta con permiso de funcionamiento ya que – según indican los funcionarios – el edificio pasó a ser del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y los permisos de funcionamiento se están tramitando directamente con ellos.

Además, al igual que otras oficinas, no tienen un servicio de limpieza y los trabajadores se quejaron de malos olores, los cuales en apariencia provienen del tanque séptico y alcanzan incluso la zona del comedor. Los auditores observaron huecos en las paredes y el único extintor que hay en la sede venció en agosto.

Fugas y canoas dañadas. En la delegación de Río Claro, el panorama es similar: las instalaciones no cuentan con red de alcantarillado sanitario, tienen tanque séptico, el cual, según los funcionarios, han debido terminar ellos mismos ya que la Dirección de Edificaciones Nacionales no ha llegado a concluirlo.

Los servicios sanitarios no cuentan con los requerimientos para personas con discapacidad, hay fugas de agua y líneas eléctricas saliendo del techo.

Las canoas están dañadas, faltan láminas del cielorraso, la pintura está deteriorada y hay evidencia hongos en las paredes y no hay una puerta de seguridad en el área donde está la caja fuerte donde se guardan las armas.

Esta sede cuenta con dos órdenes sanitarias emitidas en el 2019 y el 2020; sin embargo, según detalla la advertencia, durante la visita realizada el 18 de agosto de este año, se observó que los aspectos señalados por el Ministerio de Salud no han sido atendidos.

Derecho de vía. En Palmar Norte el panorama es similar: baños que no cumplen con la ley 7600, falta servicio de limpieza, hay problemas en canoas, extintores vencidos y seguridad perimetral insuficiente.

Además, esta sede tampoco tiene permiso de funcionamiento, pues está dentro del derecho de vía de la carretera Interamericana sur, por lo que no se puede gestionar dicho permiso. En San Ramón, la lista incluye las mismas deficiencias, pero además de los problemas de higiene, los funcionarios aseguran que ellos han tenido que pagar la limpieza del tanque séptico cuando se ha requerido.

En Sarchí, además de tener que trabajar en un espacio confinado y con problemas de limpieza, se observó que se cuenta con un cilindro de gas sin válvula de seguridad.

En Esparza, nuevamente se hace referencia a los problemas de criaderos debido a que opera un plantel de vehículos detenidos; además, la advertencia DAG-Adv-2023-0961 (de julio anterior) señala la ausencia de mobiliario en la zona del comedor y daños en la cerradura de la puerta principal, que es cerrada con una varilla de acero atravesada.

En la delegación de Jacó, los oficiales no solo lidian con problemas de higiene y seguridad como los citados en las otras sedes, sino que esta edificación se inunda cuando hay fuertes aguaceros en la zona y las láminas del cielo raso se desprendieron “en apariencia por la caída de un animal”, según se lee en el informe.

La sede regional de Puntarenas también reúne la larga lista de deficiencias, desde cables expuestos hasta problemas de limpieza y manejo de aguas.

Orden incumplida. El secretario del sindicato aseguró que desde hace años se vienen señalando las condiciones “precarias” de las sedes de este cuerpo policial.

Afirma que él acudió al Ministerio de Salud y que después se giraron órdenes sanitarias. Como no hubo respuesta a esas medidas, presentó recursos de amparo que fueron declarados con lugar hace más de tres años.

De acuerdo con esos fallos, a los cuales este medio tuvo acceso, la Sala Constitucional dio en octubre del 2020, 18 meses de plazo a los jerarcas del MOPT y de Cosevi para que atendieran los señalamientos de las órdenes sanitarias.

Ureña dijo que dicha disposición no se cumplió y, pasado el plazo, las autoridades de Tránsito pidieron una prórroga que les fue otorgada y que venció en setiembre anterior.

Según el líder sindical, el actual director de Tránsito pidió llegada esa fecha una nueva prórroga, pero esta fue rechazada, por lo que el pasado 14 de noviembre, dirigió un nuevo oficio a la ministra de Salud, Mary Munive, solicitando nuevas inspecciones en las edificaciones con órdenes sanitarias y realicen las acciones que correspondan en aquellas donde persisten incumplimientos.

Ureña citó que sedes como la de Guápiles y de Nicoya “se están cayendo”, mientras que la delegación que operaba en el Zurquí, en la ruta 32, tuvo que ser trasladada a la sede de Dekra, en San Luis de Santo Domingo de Heredia, y las de Grecia y Palmares debieron cerrar y trasladar al personal al edificio cercano al peaje de la carretera Bernardo Soto.

El problema de las malas condiciones en las sedes del Tránsito se suma a otras carencias que han sido denunciadas por este gremio policial, así como al déficit propio de oficiales en las calles.

SE DEBEN MANIPULAR LOS CABLES (UNIR CON LAS MANOS PARA GENERAR LA ELECTRICIDAD Y QUE SE ENCIENDA LA LUZ), CON EL RIESGO DE SUFRIR ALGÚN TIPO DE ACCIDENTE”. OFICIO AUDITORÍA DEL MOPT