Presidente de Panamá promete cerrar mina tras sentencia judicial

› mandatario anunció proceso de clausura ‘ordenado y seguro’

CIUDAD DE PANAMÁ. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, aseguró este martes un proceso de cierre “ordenado y seguro” de la mayor mina de cobre de Centroamérica, de capital canadiense, después de que la Corte Suprema declarara “inconstitucional” su contrato de concesión.

La aprobación del contrato minero por el Congreso, el 20 de octubre, generó las mayores protestas en Panamá desde la caída de Manuel Noriega en 1989, semiparalizando al país por más de un mes y con pérdidas superiores a $1.700 millones, según gremios empresariales.

“Tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional” el contrato minero, “se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina”, aseguró Cortizo.

“Por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre”, cada decisión que se adopte “tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa”, agregó el gobernante.

La Corte Suprema declaró este martes “inconstitucional” el contrato entre el gobierno panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) para operar por 40 años la mina, que tiene unos 50.000 trabajadores directos e indirectos.

Tras el anuncio, se desataron celebraciones en distintas partes del país y comenzaron a levantarse los bloqueos de carreteras.

Cientos de panameños festejaron el fallo, dictado el día en que Panamá conmemora su independencia de España, en una de las principales avenidas de la capital.

“Es un fallo trascendental, no solamente para el futuro de Panamá, sino para nuestra defensa en los tribunales internacionales. Ninguna empresa extranjera puede venir aquí a zarandearnos sus millones y decir que porque invierten pueden hacer lo que les da la gana”, dijo a la agencia AFP la ambientalista Raisa Banfield.

“Esto es como haber ganado el Mundial (de fútbol), este es el triunfo del pueblo panameño”, declaró a AFP Katherine Tuñón, de 38 años, mientras celebraba después de conocer el fallo.

Sin embargo, el líder del sindicato de la construcción Suntracs, Saúl Méndez, advirtió de que las protestas seguirán “hasta el cierre” de la mina.

Reacción. La multinacional dijo en un comunicado que “desde el inicio” operó “con transparencia y estricto apego a la legislación”.

La compañía aseguró que “también ha escuchado el clamor popular”. Por tal razón, agregó, se mantendrán “atentos

al diálogo constructivo que permita definir un curso de acción que satisfaga ese clamor” y “los intereses y expectativas legítimas” de la inversión.

El sindicato de trabajadores de la mina pidió en un comunicado “a las autoridades que cumplan con su papel de garantizar nuestras plazas de trabajo o, en su defecto, el pago de las prestaciones laborales, si se diera el caso”.

Moratoria minera. La protesta estalló después de que el Congreso aprobó el nuevo contrato, que fue rubricado luego de que en el 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.

FQM argumenta que la mina genera 50.000 empleos, aporta el 5% del producto interno bruto (PIB), y que el contrato incluye el pago de regalías anuales por $375 millones, 10 veces más que el acuerdo inicial.

La mina produce desde el 2019 unas 300.000 toneladas anuales de concentrado de cobre, que representan el 75% de las exportaciones panameñas. Tiene unos 2.500 proveedores en el país, que le venden mercancías por $900 millones anuales.

Los ambientalistas afirman que la mina daña el medio ambiente. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio y la activista sueca Greta Thunberg hicieron referencia a las protestas panameñas en sus redes sociales.

Tratando de minimizar el descontento, el Congreso aprobó una suspensión indefinida de las concesiones mineras y dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato.

La empresa, que invirtió en Panamá más de $10.000 millones, notificó previamente al gobierno su “intención” de “presentar demandas arbitrales”, al amparo del tratado de libre comercio entre Panamá y Canadá ,del 2013.

Expertos creen que para el gobierno será más fácil defender su postura luego del fallo, ya que podrá alegar que la sentencia lo llevó a romper el contrato.